República Dominicana- Si hoy ocurriera un terremoto de gran magnitud en la República Dominicana, ¿cuántas edificaciones podrían resistirlo sin colapsar, cuántas cuentan con condiciones adecuadas para una evacuación segura y cuántos de sus ocupantes sabrían qué hacer durante y después del movimiento telúrico?
Ninguna de las instituciones consultadas para este reportaje pudo responder de manera integral esas preguntas. El Estado dispone de normas y mecanismos de supervisión, pero no de un sistema que reúna la información necesaria para determinar qué proporción de las edificaciones públicas y privadas está estructuralmente preparada, cuenta con condiciones para una evacuación segura y tiene ocupantes que sepan cómo responder ante una emergencia.
La supervisión está distribuida entre distintos organismos. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) interviene en las construcciones formales, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) evalúa estructuras existentes, los cuerpos de bomberos revisan medidas contra incendios y evacuación, el Ministerio de Trabajo (MT) supervisa la seguridad en los centros laborales y el Ministerio de Educación (Minerd) aplica sus propios mecanismos en las escuelas.
Esos controles se realizan sobre universos distintos y sus resultados no confluyen en una evaluación común que permita establecer el nivel de preparación de una misma edificación en todas esas dimensiones.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), encargado de coordinar la preparación y respuesta ante desastres, tampoco dispone de esa información. Su director, Erdwin Robert Olivares Luciano, dijo que las estadísticas de cumplimiento corresponden a los organismos reguladores.
“No, porque esa es una responsabilidad propia de los ministerios reguladores que te mencioné”, explicó. El COE tampoco posee un registro nacional de instituciones con planes de emergencia y evacuación.
Miles de escuelas, pocas evaluaciones
El Minerd informó que tiene levantados 8,470 centros educativos, de los cuales 5,343 cuentan con Planes Escolares de Reducción de Riesgos de Desastres. Esto deja 3,127, equivalentes al 36.9 %, sin un plan registrado dentro de ese levantamiento.
El universo educativo es aún mayor. Las estadísticas oficiales del año escolar 2024-2025 registran 10,648 centros entre públicos, privados y semioficiales.
Entre 2024 y 2026, el Minerd reportó 322 centros evaluados específicamente para reducción de riesgos de desastres, alrededor del 3 % del universo nacional. El porcentaje no significa que los demás nunca hayan recibido otras intervenciones de seguridad, pero muestra el alcance de esas evaluaciones específicas.
El Ministerio tampoco pudo establecer cuántos de los centros revisados presentaron problemas.
“No se dispone de una cifra consolidada sobre los centros que presentaron deficiencias“, respondió a Diario Libre. También reconoció que existen registros parciales, pero no una estadística de los últimos cuatro años que reúna centros evaluados, deficiencias, simulacros y planteles con planes de emergencia.
Entre las fallas identificadas figuran rutas de evacuación deficientes, puntos de encuentro inadecuados, condiciones estructurales, planes desactualizados y falta de simulacros. También aparecen problemas con extintores, alarmas, señalización, sistemas de detección e instalaciones eléctricas.
Antes del 2011
La seguridad sísmica de las nuevas construcciones tiene exigencias normativas más fuertes desde 2011. Ese año, después del terremoto que devastó Haití, República Dominicana aprobó el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras R-001, que sustituyó las recomendaciones provisionales vigentes desde 1979.
La norma estableció requisitos obligatorios para diseñar las nuevas estructuras tomando en cuenta las fuerzas sísmicas, la zonificación, las características de la edificación y otros criterios orientados a preservar la vida humana.
Para las construcciones anteriores la situación es distinta. El R-001 se aplica cuando una estructura existente es modificada, ampliada, intervenida o rehabilitada para un nuevo uso, o cuando es sometida a una evaluación de vulnerabilidad, pero no ordenó reevaluar todas las edificaciones levantadas antes de 2011.
La Onesvie es la entidad encargada de realizar esas evaluaciones. Entre 2020 y noviembre de 2025 reportó 1,391 en edificaciones públicas y privadas, que se efectúan a partir de solicitudes formales.
Esos estudios permiten identificar vulnerabilidades y formular recomendaciones sobre estructuras específicas, pero no constituyen un censo nacional. Tampoco existe un dato directamente comparable del total de edificaciones que permita establecer qué proporción ha sido evaluada.
Casos recientes muestran las consecuencias que pueden aparecer en estructuras con décadas de servicio. En el Hospital Salvador B. Gautier, inaugurado en 1951, varias áreas fueron desalojadas después de que un estudio detectara riesgos en la edificación donde funcionaba la emergencia.
El director del centro, Mingkingüeis Maarlem Castillo, informó que la recomendación técnica fue demoler de manera controlada esa estructura y levantar una nueva porque sus condiciones no permitían limitar la intervención a un remozamiento.
Un antecedente similar ocurrió en el Hospital Padre Billini. En 2018, la aparición de un socavón y estudios posteriores revelaron problemas que comprometían la estabilidad de la edificación, lo que obligó a trasladar servicios y posteriormente realizar una intervención estructural.
Ocho personas para el DN
En materia de incendios, el Reglamento R-032 faculta a los cuerpos de bomberos municipales para inspeccionar edificaciones existentes.
En el Distrito Nacional, sin embargo, las revisiones funcionan principalmente a partir de solicitudes.
“Funciona bajo un esquema de solicitud de las personas para agendar una cita”, explicó el coronel Genaro de Jesús Rodríguez, director del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (CBDN). También acuden ante denuncias, quejas o cuando identifican algún riesgo.
