Santo Domingo.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, expresó preocupación tras revelarse que más del 75% de los 134 mil empleos formales enunciados en la rendición de cuentas fueron creados por el sector público, advirtiendo que este modelo no es sostenible en el largo plazo.
Durante su reacción al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, Fernández afirmó que el crecimiento del empleo debe estar impulsado principalmente por el sector privado, que es el verdadero motor de generación de riqueza y oportunidades estables.
“Lo que ahí no se dijo, es que más del 75% de esos nuevos empleos vienen del sector público. O sea, lejos de celebrar lo que debería ser el rol del Estado, promover que sea el sector privado el que genere riquezas y buenos empleos, bien remunerados”, sostuvo el legislador.
El senador señaló que cuando el empleo público se convierte en el principal dinamizador del mercado laboral, se corre el riesgo de aumentar el gasto corriente, comprometer las finanzas públicas y depender de más deuda o mayores impuestos para sostener esa estructura.
“Los dominicanos no aspiran a una nómina más abultada; aspiran a empleos de calidad, sostenibles y con capacidad de crecimiento».
El senador señaló que la tasa de morosidad bancaria se ha duplicado en los últimos dos años, reflejando que muchas familias no están recurriendo al crédito para consumo discrecional, sino para cubrir necesidades básicas.
“No es una tarjeta para darse un gusto. Es literalmente coger fiao’ para sobrevivir”, afirmó.
Asimismo, destacó que la inflación en alimentos alcanzó un 8.2%, lo que, según indicó, se traduce en que “la funda del súper va cada vez más vacía con el mismo dinero”.
El legislador insistió en que el Gobierno no aplique la indexación del impuesto sobre la renta a los salarios, para que las familias puedan sortear el impacto de la inflación en el poder adquisitivo.
El senador afirmó que, aunque no se opone a proyectos de visión futurista como el desarrollo aeroespacial, antes deben estabilizarse problemas estructurales como los apagones, el costo de la vida y el acceso efectivo a servicios de salud.
